Por: Pablo Arroyo Acero
Está
bien que roben pero que hagan obra, es el lenguaje popular de gran parte de los
peruanos. Según última encuesta de PULSO PERÚ el 70% de peruanos aprueban tres
megaproyectos a pesar de la corrupción que habría en su licitación. El nivel de
tolerancia ante la corrupción en el Perú es muy alto, esto obedece a la pérdida
de valores sobre todo en nuestros jóvenes cuya responsabilidad recae en los
padres, maestros y gobierno. La Controlaría General de la República, presento
un informe alarmante ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sobre la corrupción en el Perú en los tres niveles de gobierno:
Nacional, Regional y Local. Según la Controlaría existe un promedio de 24
funcionarios corruptos por día. En estos últimos cinco años, han determinado 198,340
responsabilidades entre penales, civiles, y administrativas. Del gobierno
nacional son 47,466 funcionarios, de los gobiernos regionales 68,774 y de los
gobiernos locales 82,100 indicando que se pierden más de 12 mil millones de
soles al año. La Controlaría según Ley 29622 aprobada en el año 2010, tiene
potestad para sancionar administrativamente a funcionarios y empleados públicos
por infracciones graves y muy graves, con suspensiones o inhabilitaciones para
trabajar en el sector publico hasta por “cinco años” Según su informe indican
que dentro el periodo Enero 2013 – Marzo 2016, la Controlaría suspendió e inhabilito
hasta por cinco años a 880 funcionarios y a la fecha se encuentra en proceso
sancionador 8,739 funcionarios. Culminan su amplio informe con propuestas para
la lucha contra la corrupción y la eficiencia en la gestión pública; siendo una
de las principales el de erradicar la impunidad, simplificar los procesos
judiciales y aplicar la muerte civil y cárcel efectiva por delitos de corrupción.
El
presidente Pedro Pablo Kuczynski, a la luz del destape del acto de corrupción de
su consejero presidencial el médico Carlos Moreno, conocido como el popular
“negociazo” que pretendía lucrar con el programa de salud para los más pobres
(SIS) promulgo el D.L. 1243 (Ley de
muerte civil) que sanciona los delitos de corrupción con una pena de
inhabilitación que oscilara entre 5 y 20 años y será perpetua cuando el agente
actué como integrante de una organización criminal o cuando se haya atentado contra
programas con fines asistenciales siempre en cuando el “robo” supere los 15
unidades impositivas tributarias (UIT)
Estos días, la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) como un plan urgente en la lucha contra la corrupción, mediante
resolución creó la comisión consultiva denominada “Comisión Presidencial de
Integridad” cuyos integrantes son reconocidas por su trayectoria ético y
prestigio, encabezada por el ex defensor del pueblo Eduardo Vega, cuyo objetivo
será dar propuestas con la finalidad de fomentar la transparencia en la función
pública y sancionar la corrupción. Esta comisión tendrá una vigencia de 45 días
calendarios y culminado ese plazo tendrán que presentar un informe respectivo
con propuestas para una mejor lucha contra la corrupción.
Según
un informe del Poder Judicial, indican que entre el 1° de Enero al 16 de
Diciembre del 2015, se dieron más de 13,000 sentencias condenatorias por
corrupción. Los delitos de mayor frecuencia fueron cohecho en sus distintas
modalidades con 4,272 sentencias condenatorias, colusión con (3,791)
malversación de fondos públicos (2,745) peculado (2,658) y concusión (959).
Estas sentencias fueron dadas contra autoridades regionales, gobernadores,
autoridades provinciales y distritales, así como funcionarios públicos de los
altos niveles del Estado, magistrados y terceros particulares involucrados en
estos hechos.
Lo
cierto es que el Perú se desangra en corrupción y delincuencia. Durante años se
han ensayado muchas formas legales en la lucha contra este flagelo de nuestra
sociedad. Se nombro el “ Zar anticorrupción”
la “Alta Comisión contra la Corrupción” y no paso nada, todas fueron
vanas. La corrupción en el Perú es alarmante, esta enquistado en todas las
instituciones públicas del Estado. Ser corrupto en el Perú es negocio, las
leyes son benevolentes “robo un millón de dólares” me voy preso un tiempo,
consigo un buen abogado que voltea la verdad y luego salgo libre a disfrutar lo
robado. Dice el refrán: A grandes males,
grandes remedios. El Perú si quiere acabar con la corrupción y la delincuencia
no le queda otro camino que implantar LA PENA DE MUERTE, como lo tiene Estados
Unidos, Singapur, país que venció la delincuencia y la corrupción de políticos,
policías, militares y otros, con trabajos forzados y pena de muerte. La China,
que aprobó la pena de muerte para corruptos que malversen o reciban sobornos y
cadena perpetúa si devuelven el dinero. Solo el miedo a estas medidas drásticas
puede frenar la corrupción y delincuencia en nuestro país que es la más
perjudicada y lo mantiene sumida en su pobreza. Solo nos falta un presidente
con los pantalones bien puestos y carácter que revolucione con medidas
drásticas y afronte este mal endémico, para lograr una mejor sociedad peruana,
que nos permita vivir en comunidad en paz entre peruanos.
